ANKARA, Turquía (AP) — El fiscal jefe de Estambul presentó una acusación contra el alcalde encarcelado de la ciudad, Ekrem Imamoglu, acusándolo de 142 presuntos delitos penales relacionados con la corrupción y el crimen organizado y solicitando largas penas de prisión, informaron medios turcos.
Imamoglu, una destacada figura de la oposición considerada un opositor clave del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado en marzo junto con varios funcionarios municipales acusados de dirigir una organización criminal, aceptar sobornos, extorsión y manipulación de licitaciones. Él niega rotundamente todas las acusaciones.
Los críticos ven las acusaciones como un intento políticamente motivado de debilitar a la principal oposición. Su arresto desató la mayor ola de manifestaciones públicas en Turquía en más de una década.
El fiscal jefe, Akin Gurlek, dijo que la acusación tiene 3.900 páginas y nombra a 402 sospechosos, incluido Imamoglu como principal sospechoso, informaron la televisión privada Haberturk y otros medios.
Según la oficina de Gurlek, Imamoglu fue acusado de organizar un grupo criminal, 12 cargos de soborno, siete cargos de lavado de dinero y siete cargos de fraude. Además, se cree que es responsable de numerosos delitos presuntamente cometidos por otros, incluidos soborno, fraude y manipulación de licitaciones.
Se espera que se fije la fecha del juicio después de que el tribunal acepte formalmente la acusación. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría ser condenado a hasta 2.352 años de prisión, informó la televisión Haberturk.
El caso de corrupción es uno de varios procedimientos judiciales contra Imamoglu.
El mes pasado, los fiscales presentaron cargos de espionaje en su contra relacionados con una investigación sobre su campaña política y un empresario arrestado en julio por informar que realizaba actividades de inteligencia en nombre de gobiernos extranjeros.
Imamoglu está acusado de entregar datos personales de residentes de Estambul para conseguir financiación internacional para su campaña. Descartó las acusaciones calificándolas de “tonterías”.
Otros casos judiciales en curso incluyen acusaciones de insultar a miembros del Alto Consejo Electoral, amenazas e insultos contra el fiscal Gurlek y acusaciones de falsificación de diplomas y documentos.
Los críticos ven los casos judiciales, junto con los contra otros alcaldes y funcionarios del principal partido opositor, el Partido Popular Republicano, como parte de una represión más amplia tras los sólidos resultados de las elecciones locales del año pasado. Varios municipios gobernados por el partido enfrentaron oleadas de arrestos a lo largo del año.
El gobierno ha negado las acusaciones, insistiendo en que el poder judicial es independiente y que las investigaciones se centran en la corrupción u otras irregularidades.
