RÍO DE JANEIRO (AP) — La cifra de muertos por una redada policial masiva contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro aumentó a al menos 121, dijeron las autoridades el jueves por la mañana.
La operación comenzó el martes en dos favelas de la ciudad, provocando intensos tiroteos. Un número indeterminado de personas resultaron heridas. Según las autoridades, entre los muertos había cuatro policías.
El número de muertos aumentó de 119 a 121, pero no hubo más detalles disponibles sobre las dos nuevas muertes.
Grupos de derechos humanos han pedido una investigación sobre las muertes, describiendo la operación como una de las más brutales en la historia reciente de Brasil.
La policía dijo que la redada siguió a una investigación de un año sobre el grupo criminal Comando Rojo, que supervisa el tráfico de drogas y otras actividades ilegales en las comunidades de bajos ingresos de Complexo do Alemao y Penha. El grupo se originó en el sistema penitenciario de Río y ha ampliado su influencia en los últimos años.
Durante la operación, la policía detuvo a 113 personas, incautó 118 armas y confiscó más de una tonelada de droga.
La violencia trastornó la vida cotidiana en las zonas afectadas. Las escuelas están cerradas, la universidad local canceló clases y se han utilizado autobuses para bloquear las carreteras.
Río ha sido durante mucho tiempo escenario de redadas policiales mortales. En marzo de 2005, 29 personas fueron asesinadas en la región Baixada-Fluminense, fronteriza con Río. En mayo de 2021, 28 personas murieron durante una redada en la favela de Jacarezinho.
Sin embargo, la escala de la operación del martes no tuvo precedentes. La acción provocó protestas y acusaciones de fuerza excesiva y pedidos de dimisión del gobernador de Río.
El jueves por la mañana, los líderes de la comunidad Penha se reunieron en la sede del grupo de defensa de los derechos de las favelas CUFA para preparar apoyo legal para las familias en duelo. Muchas tiendas permanecían cerradas y el ambiente era sombrío.
Reacción política
La operación policial agitó el debate político nacional. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, acusó inicialmente al gobierno federal de no brindar asistencia.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió que no había recibido ninguna solicitud de ayuda. También defendió la aprobación de un proyecto de ley estancado en el Congreso que habría integrado los sistemas de inteligencia de la policía estatal en todo el país, una medida que los analistas ven como una fuerte respuesta al crimen organizado.
Castro está afiliado al mismo partido que el expresidente Jair Bolsonaro y forma parte de la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los opositores de Lula intentaron vincular a su gobierno con el ataque. El senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, publicó un vídeo en el que afirmaba que Lula había abandonado Río de Janeiro.
El gobierno envió representantes al estado el miércoles y anunció la creación de una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado en Río de Janeiro.
El jueves por la mañana, Lula firmó la ley que, según el gobierno, fortalecerá la lucha contra el crimen organizado. La nueva ley prevé la responsabilidad penal por conspiración y obstrucción de acciones contra grupos criminales y refuerza la protección de los funcionarios públicos y sus familias, incluidos los pensionistas, si corren riesgos debido al desempeño de sus funciones profesionales.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, también anunció el jueves por la mañana que un comité del Senado comenzará una investigación sobre la estructura, expansión y actividades del crimen organizado en Brasil a partir de la próxima semana.
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Gabriela Sa Pessoa informó desde Sao Paulo.
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