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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo al Congreso esta semana que el presidente Donald Trump puede continuar lanzando ataques mortales contra personas y embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el Caribe, afirmando que no están obligados por la Resolución sobre Poderes de Guerra.
La ley de 1973 exige que el presidente y la actual administración obtengan la aprobación del Congreso en un plazo de 48 horas para cualquier acción militar que exceda los 60 días e implique el despliegue de tropas estadounidenses en “zonas de combate”.
El jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, Elliott Geiser, dijo que la administración Trump no creía que la operación alcanzara el nivel de hostilidades normalmente cubierto por la Ley de Poderes de Guerra, según personas familiarizadas con el asunto.
En una declaración de la Casa Blanca, un alto funcionario de la administración anónimo dijo que las vidas del personal militar estadounidense no están en riesgo porque los ataques a embarcaciones sospechosas de ser narcotraficantes se llevan a cabo utilizando drones lanzados desde barcos patrulleros o distantes.
“La operación implica ataques de precisión llevados a cabo principalmente por vehículos aéreos no tripulados lanzados desde buques de guerra en aguas internacionales a distancias demasiado grandes para que las tripulaciones de los buques objetivo amenacen al personal estadounidense”, dijo el funcionario anónimo.
El ejército estadounidense mató al menos a 62 personas en 14 ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, según anuncios hechos en las redes sociales por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
Según se informa, la administración dijo al Congreso que Trump había definido la situación como un “conflicto armado formal”, pero no un “acto de guerra”. Esta posición se basa en el precedente sentado por el ex presidente estadounidense Barack Obama.
Obama justificó la guerra aérea de la OTAN contra Libia en 2011, utilizando el mismo argumento en un momento en que el Congreso no estaba de acuerdo, pero luego aceptó el marco legal presentado por la administración del expresidente demócrata.
La Resolución sobre Poderes de Guerra dice que un presidente en ejercicio que despliega tropas estadounidenses para operaciones de combate “terminará” la operación después de 60 días, a menos que el Congreso la autorice para entonces. Sin embargo, el uso del término “acción de guerra” en la legislación era bastante vago y los presidentes lo utilizaron para antagonizar al Congreso.
La ley estipula que la cuenta regresiva de 60 días comienza cuando el presidente notifica al Congreso sobre un ataque dentro de las 48 horas posteriores al ataque. En el caso de Trump, se hizo el 4 de septiembre. El plazo de 60 días para la aprobación del Congreso comenzará el lunes.
La administración Trump no cita directamente como base la justificación de la era Obama, pero el argumento guarda rotundas similitudes. Obama justificó su operación militar diciendo que no había tropas sobre el terreno y que los libios no podían responder, lo que hacía que el riesgo de bajas estadounidenses fuera extremadamente bajo.
Sin embargo, la operación de Obama fue parte de una misión liderada por la OTAN que incluía a muchos países y operaba bajo una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo de lo que carecen los esfuerzos de Trump en el Caribe.
