Siete de las nueve universidades que la administración Trump invitó a brindar comentarios sobre el llamado Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior se han negado cortésmente a firmar. En esencia, el acuerdo ofrece un trato preferencial a cambio de apoyo institucional a la agenda política del presidente Donald Trump. Este rechazo colectivo fue una buena noticia.
Sin embargo, algunas de las cartas que rechazaban el acuerdo hicieron todo lo posible para asegurarle a la administración Trump que las universidades ya están cumpliendo con muchos de los cambios propuestos, ¡sin siquiera que se lo pidieran! Estas prácticas enfrian la libertad académica al limitar en la práctica, si no en las políticas, lo que los profesores pueden aprender, enseñar y decir dentro y fuera del aula, creando un ambiente en el que ciertas palabras, conceptos y proyectos se vuelven impensables porque no pueden pronunciarse. Aunque el tratado formalizaría el acuerdo de las instituciones para monitorear la investigación, la enseñanza y el desempeño de los profesores (y estudiantes), está claro que tales controles ya existen.
La libertad académica es central, incluso crítica, para un sistema que evalúa la investigación según sus méritos porque permite a los investigadores buscar respuestas a preguntas, desarrollar una agenda de investigación y publicar sus hallazgos sin estar en deuda con instituciones o individuos fuera de su campo. Cuando las universidades no logran enfatizar la importancia central de la libertad académica, ponen en peligro su misión misma.
La gente del mundo académico entiende esto. En los campus de todo el país, profesores, personal, estudiantes y ex alumnos se pronunciaron para pedir a sus respectivas administraciones que rechazaran el acuerdo. Algunos, como el MIT, se pronunciaron tempranamente y con firmeza, argumentando que las “reformas” propuestas van en contra de “la creencia fundamental del MIT de que la financiación de la investigación debe basarse únicamente en el mérito científico”.
Carta tras carta de las instituciones invitadas reiteraron la tesis de que la financiación de la investigación no debería basarse en la conformidad política, sino más bien en la libre competencia en el mercado de las ideas. Es decir, la mejor ciencia en opinión de los expertos en la materia debería recibir apoyo. El mérito, no la ideología, debería determinar la dirección de la investigación científica.
El mérito como fundamental para la búsqueda de nuevos conocimientos depende de otro valor mencionado en muchas respuestas al tratado: la libertad académica.
Cuando los planes de estudio se revisan no por su rigor académico o por su grado de cumplimiento de las metas curriculares, sino por su relevancia ideológica, como es el caso actualmente en muchos sistemas públicos de Texas; cuando las instituciones instan a los investigadores a revisar sus propuestas de palabras clave que podrían provocar la ira federal; cuando los profesores no pueden enseñar conceptos basados en la investigación en el aula sin temor a ser denunciados y posiblemente despedidos; cuando las universidades comiencen a limpiar los sitios web, eliminar los títulos de los puestos de trabajo y cambiar las oficinas y sus misiones, como lo han hecho 47 estados, para alinearse con las preferencias del presidente, entonces la libre búsqueda del conocimiento en todos los campos académicos estará en camino a la extinción.
¿Es posible que algunas instituciones escaparan de la ira del gobierno federal socavando preventivamente la libertad académica? Tal vez. Pero si es así, entonces estas prácticas ya están haciendo el trabajo que haría el pacto. No protegen la ciencia, sino que la sacrifican. Estas acciones de las universidades también requieren una reacción decisiva y basada en principios por parte de los profesores y de la dirección universitaria. En la práctica, ceder a la presión política es tan perjudicial como celebrar formalmente acuerdos que busquen alinear la educación superior con una visión partidista.
A pesar del suspiro de alivio que muchos dieron cuando el acuerdo federal fue rechazado decisivamente, la amenaza a la libertad académica no ha sido superada. En todo caso, la reacción de los líderes universitarios puede revelar lo que algunos de nosotros hemos sospechado desde siempre: que la libertad académica está siendo erosionada internamente por los administradores universitarios, así como externamente por los políticos.
Laura Isabel Serna, historiadora de medios de la USC. Actualmente es presidenta del capítulo de la USC de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios. ©2025 Los Ángeles Times. Distribuido por Tribune Content.
